FECODE sobre el Fomag: el fin del contrato con Fiduprevisora no cambia la Ley 91 ni el modelo de salud

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) fijó su posición sobre el fin del contrato entre el Ministerio de Educación y Fiduprevisora para administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). En un pronunciamiento fechado el 1 de noviembre y publicado este martes 3 de noviembre en su sitio web, el Comité Ejecutivo sostiene que la liquidación del contrato “no implica la liquidación” del Fomag ni la derogatoria de la Ley 91 de 1989.

El documento trae además una cifra que el Gobierno no ha resuelto. Según FECODE, que cita el diagnóstico presentado por el Ministerio, al sistema de salud del magisterio le faltan $1,840 billones sin fuente de financiación identificada para cerrar 2026.

Qué dice el pronunciamiento

El texto se titula “Defendemos la Ley 91 de 1989 y exigimos un servicio de salud digno” y lo firman el presidente de FECODE, Domingo José Ayala Espitia, y la secretaria general, Ruth Mariela Fernández Manjarrez. Parte de lo que definió la XXII Asamblea General Federal en septiembre: defender la Ley 91, el Fomag, el Acuerdo 003 de 2024 y el régimen de salud excepcional y especial.

Su argumento central es jurídico. El Contrato de Fiducia Mercantil 083 de 1990 es un acuerdo para administrar recursos, y su fin “no extingue los derechos de los docentes, pensionados y beneficiarios”, dice la federación. La Ley 91 seguirá siendo el fundamento legal del fondo, y el modelo de salud adoptado con el Acuerdo 003 de 2024 tampoco cambia por la liquidación del contrato.

El documento cierra con dos frases dirigidas a los afiliados. La primera: “no es necesario realizar acciones jurídicas para el reconocimiento y pago de lo que por ley nos corresponde”. La segunda reitera el llamado a mantenerse “en estado de máxima alerta” en defensa del régimen especial, de la seguridad y salud en el trabajo y de las prestaciones sociales.

Las cifras del faltante

FECODE resume así el diagnóstico financiero del Ministerio para el cierre de 2026:

El traslado de pensiones a salud no tuvo el apoyo de la federación. En un pronunciamiento anterior, del 21 de octubre, FECODE informó que sus dos votos en el Consejo Directivo del Fomag fueron negativos porque buscaba asegurar el pago de la mesada pensional de 2026 y la de enero de 2027. En ese mismo texto contó que el Ministerio le dijo que el acto administrativo del traslado ya estaba firmado y en trámite en el Ministerio de Hacienda.

Estas cifras miden algo distinto del patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026 que el Ministerio incluyó entre sus hallazgos sobre la administración del fondo, como contó este medio en la nota sobre la denuncia ante la Fiscalía y la auditoría forense. Una es la proyección del déficit en salud para este año; la otra, el estado del patrimonio.

Lo que FECODE le exige al Gobierno

Para la federación, la liquidación del contrato no autoriza a suspender la operación del Fomag. Pide que la transición entregue de forma organizada recursos, cuentas, contratos, expedientes, bases de datos y sistemas de información, “con responsables y cronogramas definidos”, y sin trasladar cargas administrativas a los afiliados.

El pronunciamiento enumera los servicios cuya continuidad exige al Gobierno nacional:

• Atención integral en salud: consultas generales y especializadas, urgencias, hospitalizaciones, cirugías, exámenes, procedimientos, rehabilitación y tratamientos en curso, incluidos los de enfermedades crónicas y de alto costo.
• Entrega de medicamentos y tecnologías en salud sin interrupciones.
• Servicios de seguridad y salud en el trabajo, con las valoraciones médico-laborales.
• Trámite, reconocimiento y pago oportuno de pensiones, cesantías y demás prestaciones económicas del fondo.
• Atención de solicitudes y reclamaciones, y cumplimiento de las órdenes judiciales.

También pide mantener el flujo de pagos a los prestadores y que cualquier decisión contractual llegue con “un plan de transición público, verificable y financiado”.

Qué había dicho el Gobierno

El Ministerio anunció el 30 de octubre que no prorrogaría el contrato, que venció el 31 de octubre, y abrió una transición de un año, prorrogable por otro, en la que Fiduprevisora sigue a cargo de su parte de la operación mientras se prepara una licitación para escoger al nuevo administrador. En su comunicado del 1 de noviembre aseguró que la decisión no afecta los servicios de salud y que pidió recursos a Hacienda, sin decir cuánto.

En una reunión con FECODE que la federación relató el 21 de octubre, la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda afirmó que el Gobierno no contempla modificar la Ley 91 de 1989. Esa discusión se cruza con la de la Ley de Rescate y lo que pagaría de más un docente desde 2027, que toca la salud de los regímenes de excepción. El choque entre FECODE y el operador tampoco es nuevo: viene, entre otros, del rechazo a la adscripción que adelantaba Fiduprevisora.

Qué sigue

Quedan tres asuntos abiertos. El primero es la plata: ni el Ministerio ni FECODE han informado de dónde saldrá el faltante de $1,840 billones. El segundo es el plan de actividades que el Ministerio le pidió a Fiduprevisora para la transición, que no se ha publicado. El tercero es la reactivación de la Comisión de Seguimiento a los acuerdos colectivos; según el pronunciamiento del 21 de octubre, la ministra manifestó su disposición a comunicar la fecha “a la mayor brevedad”.

Mientras tanto, la posición de la federación para los docentes, pensionados y beneficiarios es que los servicios y las prestaciones deben seguir prestándose en los términos de ley, sin trámites adicionales por el cambio de contrato.