Fomag: el fin del contrato con Fiduprevisora es una prórroga con otro nombre

El 30 de octubre, en sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag, el Gobierno anunció que no prorrogará el Contrato de Fiducia Mercantil 083 de 1990 con Fiduprevisora. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, lo calificó como una decisión “de carácter histórico” y “de Estado”: el fin de 36 años de un esquema que, según el propio Ministerio, acumula 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de $3,2 billones y más de 109.000 quejas desde 2024. “No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias”, dijo.

Suena a punto final. Léase con cuidado: es un punto y seguido.

Quién amaneció administrando el Fomag el 1 de noviembre

El comunicado dice que desde el 1 de noviembre empieza “una nueva etapa”: una transición de un año, prorrogable por otro. No dice quién la opera. Pero dos párrafos más abajo informa que el Ministerio le pidió a Fiduprevisora “un plan detallado de actividades” para garantizar el funcionamiento del sistema durante ese periodo. Y la fiduciaria respondió el mismo día que “se acoge a la decisión” y que pondrá en marcha el plan de acción de la transición.

Es decir: la entidad a la que no se le prorroga el contrato es la misma que seguirá operando el fondo, con un plan que ella misma redacta, hasta por 24 meses. El comunicado no nombra a nadie más. No hay una entidad receptora, no hay un interventor, no hay una fecha. Lo único que terminó el 31 de octubre fue un papel; lo que empezó el 1 de noviembre es la misma operación con otro nombre y menos reglas, porque un contrato vencido con una transición sin publicar tiene menos reglas, no más, que un contrato prorrogado con cláusulas.

La última prórroga del contrato, firmada en 2023, duró tres años. La “transición” anunciada puede durar dos. La diferencia, en la práctica, es de doce meses y de vocabulario.

Lo que el comunicado no dice

Un anuncio histórico debería traer, como mínimo, cuatro cosas. Esta trae ninguna.

No trae cifras. Ni el faltante de $1,84 billones que la Procuraduría advirtió para pagar la salud de los maestros en lo que queda de 2026, ni las cuentas por pagar a clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos, que la Superintendencia de Salud ubica por encima de $2,4 billones, la mitad con más de 180 días de mora. Tampoco el déficit de $2,7 billones del que habló el ministro de Hacienda ante la Cámara la semana pasada. Un fondo que debe más de lo que tiene no se arregla cambiando el membrete de quien lo administra; se arregla diciendo de dónde va a salir la plata y cuándo.

No trae modelo. El Fomag opera desde el 1 de mayo de 2024 con un esquema de contratación directa de IPS, sin intermediarios, adoptado por el Consejo Directivo en el Acuerdo 003 de ese año. Buena parte de las 109.000 quejas que cita el Ministerio nacieron bajo ese modelo. ¿Se mantiene? ¿Vuelven los operadores regionales que lo antecedieron? ¿Se licita la administración del fondo, la prestación del servicio o ambas? La ministra habló de “estudios” para una licitación pública. Sin pliego, sin objeto y sin fecha, “estudios” es la palabra que en el Estado colombiano antecede a la prórroga.

No trae responsables. Se anunció una auditoría forense y se invitó a la Procuraduría a acompañar la liquidación del contrato saliente. Bien. Pero la Contraloría ya documentó 33 hallazgos con incidencia fiscal por unos $695.000 millones entre 2022 y 2026, el 72 % de ellos por gestión judicial: condenas, sanciones por demoras en cesantías e intereses de mora que pagó el fondo de los maestros por la negligencia de su administrador. Lo que falta no es otra auditoría: es que alguien responda por las anteriores.

No trae garantías verificables. “Se mantendrá la atención”, “se garantizará el trámite de las prestaciones”. Son las mismas frases de cada prórroga. Lo que un maestro con una cita de oncología para diciembre necesita saber es qué IPS lo atenderá, con qué contrato vigente y quién le paga a esa IPS si el fondo ya le debe seis meses.

El diagnóstico es correcto; la conclusión, no

Nada de lo anterior exculpa a Fiduprevisora. El diagnóstico del Gobierno es verdad y es grave. Pero justamente por eso la decisión es incoherente: si el administrador falló durante 36 años y el Ministerio lo documenta en 59 hallazgos, ¿con qué argumento se le entregan hasta dos años más, ahora sin contrato que lo ate? Si la respuesta es que no hay alternativa inmediata, que es probablemente la verdad, el comunicado debió decirlo, fijar hitos con fechas y publicar la lista de lo que se exige en cada uno. Una transición sin hitos no es una transición: es una espera.

Hay un antecedente que vale recordar. En octubre de 2023, ante el vencimiento anterior del contrato, Fecode le pidió a Fiduprevisora “continuar la licitación sin prórrogas” y advirtió que responsabilizaría al Gobierno si se vulneraba la salud del magisterio. La licitación no ocurrió y el contrato se prorrogó hasta 2026. Tres años después, los delegados de Fecode en el Consejo Directivo respaldaron una transición en la que la misma fiduciaria sigue, y la federación no ha publicado un solo comunicado explicando por qué esta vez sí. Los maestros, que financian el fondo con sus cotizaciones, merecen esa explicación de su sindicato tanto como del Ministerio.

El contexto que lo vuelve urgente

Esta transición sin reglas no ocurre en el vacío. Ocurre la misma semana en que el ministro de Hacienda dijo que “un maestro le cuesta al sistema alrededor de $7.000.000 en atención médica” frente a $2.000.000 de un afiliado del régimen general, y en que el Gobierno radicó la Ley de Rescate Económico, cuyo artículo 21 le sube la cotización a salud a los docentes de los regímenes de excepción entre 1,5 y 2,5 puntos con destino al régimen subsidiado, no al Fomag, y cuyo artículo 2 permite aplazar en 2027 las transferencias que nacen de mandatos legales, como las que la Nación le debe al fondo por la Ley 91 de 1989.

Juntas, las tres cosas dibujan un cuadro: un fondo quebrado, un Gobierno que considera caro el régimen que lo sostiene y una transición de dos años en la que nadie ha dicho hacia dónde se transita. Más del 40 % de los docentes afiliados al Fomag tiene más de 60 años. No son los que mejor resisten una espera.

Lo que debería pasar antes del 30 de noviembre

Que esta columna no sea solo una queja. Para que la “nueva etapa” se distinga de la prórroga de siempre, el Gobierno puede hacer cinco cosas en un mes, ninguna de las cuales requiere una ley:

1. Publicar el acta de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo y el plan de transición que entregue Fiduprevisora, con sus hitos y fechas.
2. Decir el modelo: si la licitación cubre la administración del fondo, la prestación de la salud o las dos, y cuándo se abre el pliego.
3. Cerrar la plata de 2026: aclarar con qué recursos se cubre el faltante de $1,84 billones de este año y cómo se pagará la mora superior a 180 días con las IPS, porque de eso depende que las clínicas sigan atendiendo maestros en diciembre.
4. Nombrar un veedor independiente de la transición, distinto de la fiduciaria que se audita, con informe público mensual de quejas, pagos y tiempos de respuesta.
5. Fijar un plazo a la auditoría forense y comprometerse a publicarla completa, con nombres.

“Los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas”, dijo la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes. Tiene razón. Tampoco deberían asumir las consecuencias de una transición sin plan. Entre la prórroga de siempre y la transición de ahora, la diferencia no está en el nombre que le puso el comunicado, sino en lo que el Gobierno publique en las próximas semanas. Por ahora, lo único que cambió el 1 de noviembre fue el relato.