Contraloría revela corrupción en salud docente

En lo que representa uno de los mayores golpes recientes a la credibilidad del nuevo sistema de salud  colombiano, la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades financieras por más de $81.593 millones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Este fondo, vital para asegurar la atención en salud, pensiones y cesantías de más de 400 mil docentes colombianos y sus familias, ha sido objeto de una profunda auditoría que identificó 21 anomalías administrativas. De estas, siete presentan daño fiscal, tres podrían implicar delitos penales y veinte están bajo investigación disciplinaria.

Entre las irregularidades más significativas se encuentran pagos retrasados de pensiones y cesantías que generaron más de $7.400 millones en intereses y multas moratorias, además del uso indebido de recursos por $48.100 millones para cubrir estas sanciones, algo explícitamente prohibido por la ley colombiana.

La auditoría, correspondiente al año 2024, también sacó a la luz deficiencias en la gestión de cobro de cartera del FOMAG, dejando de recuperar $23.800 millones adeudados al fondo. Asimismo, reveló pagos a beneficiarios ya fallecidos, poniendo en evidencia profundas fallas en la administración y control interno del sistema.

Uno de los puntos más preocupantes del informe es la contratación irregular en el nuevo modelo de salud implementado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Contratos por cientos de miles de millones se firmaron sin contar con el certificado de registro presupuestal, garantías contractuales adecuadas, e incluso, algunos se ejecutaron sin el acta formal de inicio, violando normas esenciales de contratación pública.

Estas irregularidades no solo tienen un impacto económico. Miles de docentes denuncian que las fallas administrativas han resultado en una atención médica deficiente, con retrasos en citas, tratamientos y medicamentos esenciales, generando una grave crisis humanitaria en el sector educativo.

Ante este panorama, la Contraloría trasladó los hallazgos con implicaciones penales a la Fiscalía General de la Nación y los disciplinarios a la Procuraduría, iniciándose así múltiples investigaciones contra funcionarios de Fiduprevisora S.A. (administradora del fondo), ministerios implicados y otras entidades territoriales responsables.

Por su parte, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha exigido responsabilidades políticas inmediatas, una reestructuración urgente del sistema de salud para los docentes, y mayor transparencia en el manejo del fondo.

Este caso podría derivar en sanciones administrativas y penales sin precedentes, poniendo en jaque la credibilidad del Gobierno Nacional en un sector tan sensible como la educación pública y evidenciando la urgente necesidad de reformas estructurales profundas para garantizar el bienestar de quienes educan a las futuras generaciones del país.

La investigación continúa abierta y la comunidad educativa espera respuestas claras y soluciones efectivas por parte de las autoridades encargadas de proteger sus derechos.

También puede leer: Guía de Estudio para el Concurso de Ascenso Docentes Orientadores