Salud mental infantil ante el reto digital

En un país donde el 42% de los adolescentes ha sido víctima de alguna forma de violencia digital, según cifras del Ministerio TIC, la promulgación de la Ley 2564 de 2026 parece ser un respiro largamente esperado. Este nuevo marco legal, firmado el 8 de enero de 2026, promete blindar la salud mental de niños, niñas y adolescentes en un entorno donde las agresiones ya no se limitan al espacio físico, sino que se reproducen y amplifican en las redes sociales, videojuegos y plataformas de mensajería.

La Ley, que modifica y adiciona aspectos clave de la Ley 1616 de 2013 sobre salud mental, no escatima en ambición. Declara la salud mental como un derecho fundamental y asunto de prioridad nacional, y define con detalle las múltiples formas de violencia digital —desde el grooming hasta el happy slapping— que afectan a los menores en su cotidianidad. Sin embargo, entre el enunciado normativo y su aplicación real se extiende un abismo que Colombia ha recorrido muchas veces sin éxito.

La letra de la ley

El articulado establece mecanismos de prevención, protección y atención que, sobre el papel, suenan robustos. Obliga al Estado a adoptar políticas públicas interinstitucionales, con la participación del ICBF, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y el Ministerio TIC. Se introducen protocolos de atención específicos en entornos escolares, campañas de sensibilización y hasta el uso de tecnologías como el etiquetado inteligente de contenidos y controles parentales.

Incluso contempla la formación de un equipo interdisciplinario —psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales— para prestar atención especializada, además de incluir estas acciones dentro del Plan Decenal de Salud Pública. En apariencia, no queda una sola arista sin contemplar.

Pero la historia legislativa del país está plagada de normas bien intencionadas que naufragan por falta de implementación. ¿Qué garantías existen de que esta ley no correrá la misma suerte?

La brecha entre lo normativo y lo operativo

Uno de los principales desafíos es la capacidad operativa de las entidades territoriales. Aunque la Ley exige que departamentos y municipios incluyan en sus planes estratégicos medidas frente a la salud mental digital, no se especifica el presupuesto mínimo necesario para su cumplimiento. En un contexto donde muchas alcaldías apenas logran garantizar servicios básicos de salud, ¿cómo asegurarán psicólogos escolares o campañas digitales sostenidas?

Otro punto crítico es el seguimiento. Aunque se obliga a las autoridades responsables a presentar informes anuales y se otorga al Consejo Nacional de Salud la facultad de evaluar las políticas implementadas, el historial de seguimiento institucional en Colombia es débil. Sin una ciudadanía vigilante ni una prensa crítica que acompañe este proceso, las buenas intenciones pueden diluirse en la inercia burocrática.

Además, las rutas de atención que prevé la Ley requieren de una coordinación que históricamente ha fallado. Desde el famoso Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes hasta el Código de Infancia y Adolescencia, los “protocolos interinstitucionales” son muchas veces letra muerta por falta de interoperabilidad de sistemas, duplicidad de funciones o incluso rivalidad política entre entidades.

Sociedad civil: del discurso a la acción

Un aspecto valioso de la Ley 2564 es su apuesta por la corresponsabilidad. Reconoce que la protección de la infancia en entornos digitales no es tarea exclusiva del Estado, sino también de las familias, las escuelas y la sociedad civil. Las plataformas digitales, si bien no son nombradas explícitamente como responsables, quedan en el centro del debate moral y político.

Sin embargo, la corresponsabilidad no puede convertirse en un comodín que exonere al Estado de sus obligaciones. En muchas regiones de Colombia, las familias no tienen acceso a herramientas de control parental ni alfabetización digital suficiente para detectar amenazas en línea. Las campañas educativas previstas en la Ley deberán superar las fronteras del internet para alcanzar también las zonas rurales y marginadas, donde la brecha digital sigue siendo una herida abierta.

¿Y los gigantes tecnológicos?

Un vacío importante del texto es la ausencia de una regulación directa a plataformas tecnológicas, quienes actúan como actores determinantes en la circulación de contenidos nocivos. La Ley habla de “etiquetado inteligente” y “verificación por edad”, pero no establece obligaciones legales para compañías como Meta, Google o TikTok. Se trata, por ahora, de una invitación voluntaria, y ya sabemos cuán escurridizas pueden ser estas empresas frente a la regulación estatal.

En países como Alemania o Francia, se han adoptado normativas con sanciones claras para plataformas que no retiren contenidos peligrosos en plazos establecidos. Colombia podría avanzar hacia modelos similares si se quiere hablar en serio de prevención.

Un paso necesario, pero no suficiente

La Ley 2564 de 2026 representa un avance normativo significativo en la protección de la niñez frente a las nuevas formas de violencia. Su enfoque integral, que va desde la salud mental hasta la formación de docentes y padres, es loable. Pero no bastan los decretos para cambiar una cultura. Se requiere voluntad política, inversión sostenida y una sociedad activa que exija resultados.

Como ha demostrado la historia reciente, las leyes en Colombia son promesas que se concretan solo cuando encuentran ciudadanía vigilante y funcionarios comprometidos. Si la Ley 2564 quiere marcar una diferencia real, deberá ser acompañada por un ecosistema que traduzca su letra en acciones concretas y verificables. De lo contrario, será una más en la larga lista de normas que buscan proteger a la infancia, pero terminan siendo papel mojado.

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