Prometer sin firmar también es una forma de incumplir

Mientras miles de docentes y empleados públicos del país esperan el ajuste prometido a sus ingresos, el incremento salarial de 2025 continúa sumido en una maraña burocrática. El pasado 6 de mayo, en el marco de la Mesa de Negociación Estatal, se conocieron avances tímidos sobre la expedición de los decretos de aumento salarial, en una jornada marcada por tecnicismos administrativos, declaraciones cruzadas y una creciente desconfianza entre el gobierno y los sindicatos.

Hasta ahora, se han redactado 28 decretos —aún en versión preliminar— que definirán el nuevo esquema salarial para todo el sector público, incluyendo al magisterio. A pesar de las expectativas, el Ministerio de Hacienda no ha emitido una fecha definitiva para su firma ni mucho menos para su pago retroactivo. Los sindicatos presionan: junio debe ser el mes en que se vea reflejado el ajuste, tal como lo exige el acuerdo estatal firmado.

Una negociación sin brújula

Las declaraciones filtradas desde la Mesa de Negociación dejan entrever una combinación de improvisación, tensiones políticas internas y una desconexión con las necesidades reales de los trabajadores estatales. El tono errático y por momentos caótico del diálogo, traducido literalmente en frases como “no estamos aquí para inducirlos a cometer el error legal” o “le ponen un poquito de lambones y lambonas a pedirles allá”, evidencia la fragilidad del proceso.

No se trata solo de cifras. En el fondo, la discusión gira en torno a la dignidad laboral. Para los docentes, el aumento del 8,6% prometido —que incluye el IPC del 5,2%, un 1,8% adicional general y un 1,6% de nivelación— se vuelve urgente frente al incremento del costo de vida y la erosión del poder adquisitivo. Sin embargo, la falta de decretos firmados convierte esa promesa en letra muerta.

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La memoria justificativa que nadie ha leído

El Gobierno asegura que se encuentra en la etapa final: una “memoria justificativa” de los 28 decretos que será enviada al Ministerio de Hacienda “la próxima semana”. Luego pasará a revisión jurídica, y finalmente, a Presidencia. Pero para los sindicatos y los miles de docentes que viven con incertidumbre, esas etapas suenan a excusas protocolarias mientras sus cuentas bancarias siguen igual.

En medio del trámite, un hecho inquietante sale a flote: se están ajustando cargos cuya remuneración actual está por debajo del salario mínimo. ¿Cómo es posible que un Estado que predica la equidad permita esta anomalía? La respuesta parece ser, nuevamente, el silencio institucional.

Un sindicalismo que grita en soledad

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se denuncian dilaciones, falta de transparencia e incluso corrupción en el proceso. “Aquí damos alma, vida y sombrero”, dijo uno de sus voceros. El tono no es casual. La frustración acumulada durante décadas de luchas laborales se condensa en una retórica encendida que no siempre encuentra eco ni en los medios ni en el poder ejecutivo.

Las advertencias de los sindicalistas son claras: si en junio no se reflejan los aumentos, habrá movilizaciones, acciones legales y una nueva crisis de confianza. Ya no se trata solo del salario. Se trata de la credibilidad del sistema de negociación estatal y del respeto por los trabajadores públicos que sostienen la educación, la salud y la justicia en Colombia.

Presupuesto desfinanciado y crisis de caja

El retraso en la firma de los decretos no puede entenderse sin considerar el contexto fiscal que atraviesa el país. El presupuesto nacional para 2025, estimado en 523 billones de pesos, presenta un déficit de al menos 12 billones de pesos, según informes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Este desbalance se debe, en parte, a la caída del recaudo tributario en 2024, que estuvo 15 billones de pesos por debajo de la meta actualizada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La situación se agrava con la reciente renuncia del ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien abogaba por recortes presupuestarios y reprogramación de compromisos futuros. Su salida refleja las tensiones internas en el gobierno respecto al manejo de la crisis fiscal,

Problemas en la DIAN y el Recaudo Tributario

A esta crisis se suman los inconvenientes tecnológicos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La entidad reportó recientemente demoras en su plataforma debido a la alta congestión en los sistemas tributarios y aduaneros, lo que ha generado retrasos en trámites asociados a declaraciones, pagos y firmas. Estos problemas afectan directamente el recaudo del impuesto de renta de las personas jurídicas, una fuente crucial de ingresos para el Estado.

En un país donde los decretos se redactan más rápido que lo que se cumplen, el retraso en el incremento salarial docente es más que una falla administrativa: es un síntoma estructural de este gobierno.