Negociaciones Salario Mínimo 2025

La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2025 refleja un fenómeno complejo que involucra dimensiones económicas, sociales y políticas. En el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales —integrada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores— se requiere un consenso que equilibre la capacidad productiva del sector empresarial y el poder adquisitivo de los trabajadores. La Ley 278 de 1996 establece como plazo máximo para llegar a un acuerdo el 16 de diciembre de 2024.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que todavía no hay acuerdo entre las partes para definir el incremento del salario mínimo de 2025. Durante una declaración a la prensa, señaló que “hoy estamos radicando las salvedades que es la justificación que tiene cada una de las partes para decirle al país y a la mesa cuáles son las razones por las que no se ha podido llegar al acuerdo desde las propuestas que están haciendo”.

La mesa tripartita se volverá a reunir el próximo miércoles, 18 de diciembre, con el objetivo de alcanzar un pacto. Sin embargo, la ministra afirmó que, de no lograrse un consenso, el Gobierno tomará las medidas necesarias para decretar el incremento, como lo hizo el año pasado. “El miércoles a las 2 de la tarde se hace la mesa, se discuten las salvedades, y si definitivamente no hay acuerdo, pues trabajaremos en el proceso del decreto”, complementó Ramírez.

Desindexación de Productos y Servicios

Ramírez también reveló que se están analizando al menos 200 productos y servicios que podrían desindexarse del ajuste salarial. Este estudio, realizado en conjunto con Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, incluye posibles beneficios para los pensionados, como la disminución progresiva de la cuota de salud y medidas relacionadas con vivienda.

Propuestas y Racionalidad Económica

La posición de la CUT

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por Fabio Arias, propone un incremento del 12%, equivalente a $156.000, que situaría el salario mínimo en $1.456.000. Esta propuesta se sustenta en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y, al mismo tiempo, incentivar el consumo interno como motor de reactivación económica.

La perspectiva de Acopi

En contraste, la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), representada por Rodolfo Correa, sugiere un incremento del 5,2%, aproximadamente $67.600, para llevar el salario a $1.367.600. Acopi argumenta que un aumento superior comprometería la viabilidad de las micro y pequeñas empresas, que representan el 99,5% del tejido empresarial colombiano y enfrentan márgenes operativos estrechos.

Propuesta Intermedia

Evaluandote.com presenta una alternativa intermedia con un aumento del 7,6923%, redondeando el salario mínimo a $1.400.000. Esta propuesta ofrece ventajas pragmáticas al facilitar los cálculos administrativos y reflejar la tendencia proyectada de reducción de la inflación para 2025. Además, reivindica el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones excesivas sobre las empresas. Desde un enfoque macroeconómico, esta medida dinamizaría el consumo interno, impulsaría la demanda agregada y contribuiría a la sostenibilidad económica mediante la inversión en sectores estratégicos.

El Gobierno y la Dimensión Política

El presidente Gustavo Petro ha señalado que, ante la falta de aprobación de la reforma laboral en el Congreso, un incremento significativo del salario mínimo es una medida compensatoria indispensable. La postura gubernamental se articula con políticas complementarias orientadas a la productividad y formalización del empleo. En caso de no alcanzarse un acuerdo en la mesa de concertación, el Gobierno tiene la facultad de definir unilateralmente el incremento antes del 30 de diciembre de 2024, considerando variables como inflación, productividad y crecimiento económico.

La legislación actual fija el 15 de diciembre como plazo para llegar a un acuerdo. Si no se logra consenso, el Gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para establecer el aumento mediante decreto. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha reiterado que el proceso se llevará a cabo con rigor técnico y buscando un equilibrio entre los factores económicos y sociales que impactan la decisión.

Impacto Económico y Sistémico

El ajuste salarial no solo incide en los ingresos de los trabajadores, sino también en los costos laborales para las empresas. Con un aumento del 12%, el costo total de un trabajador ascendería a $2,46 millones, mientras que un incremento del 5,2% lo situaría en $2,3 millones. La propuesta intermedia del 7,6923% representa una opción equilibrada que preserva el poder adquisitivo y, al mismo tiempo, permite una distribución razonable de los costos laborales. Esta medida fomentaría un consumo robusto y una mayor estabilidad económica a largo plazo.

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