CNSC y valoración de títulos extranjeros

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha emitido un nuevo criterio unificado sobre la valoración de estudios y títulos obtenidos en el exterior, marcando un cambio significativo en los procesos de selección de empleados para la carrera administrativa.

Este criterio, aprobado el 4 de junio de 2024, establece claras distinciones en la manera en que se valorarán estos títulos durante las diferentes etapas de los concursos de méritos. A pesar de las aparentes ventajas de estandarización y claridad, esta reforma no está exenta de controversia y plantea varios desafíos prácticos y de equidad.

Verificación de Requisitos Mínimos: Una Primera Barrera

En la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos (VRM), los títulos de educación superior obtenidos en el exterior deben estar apostillados o legalizados y traducidos al español. Este proceso, aunque necesario para garantizar la autenticidad de los documentos, añade una capa de burocracia que puede ser onerosa y complicada para los aspirantes. Además, la CNSC permite que los títulos no convalidados sean aceptados inicialmente, dejando la convalidación como un requisito que debe cumplirse antes de la posesión o dentro de los dos años siguientes.

Si bien esta flexibilidad puede parecer beneficiosa, también puede generar incertidumbre y retrasos. Los aspirantes que no logren obtener la convalidación dentro del plazo establecido se enfrentarán a la aplicación de sanciones conforme al artículo 5º de la Ley 190 de 1995, lo que podría llevar a la pérdida de sus empleos. Este aspecto del criterio podría disuadir a candidatos potencialmente calificados que obtuvieron su educación en el extranjero, especialmente aquellos que enfrentan dificultades para convalidar sus títulos en un tiempo razonable.

Valoración de Antecedentes: Un Filtro Rígido

La prueba de Valoración de Antecedentes (VA) es más estricta, requiriendo que todos los títulos estén debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. Para participar en esta etapa, los aspirantes deben presentar la resolución de convalidación durante el proceso de inscripción. Aunque esta medida garantiza que solo se valoren títulos equivalentes a los nacionales, también impone una barrera significativa para los candidatos con formación extranjera.

La exigencia de convalidación en la VA podría ser vista como una forma de garantizar estándares uniformes y de alta calidad en la administración pública. Sin embargo, también podría ser percibida como una medida excluyente, que favorece a quienes ya están integrados en el sistema educativo nacional, a menudo en detrimento de la diversidad y la experiencia internacional que estos candidatos pueden aportar.

Implicaciones Prácticas y de Equidad

La adopción de este criterio unificado por la CNSC tiene implicaciones prácticas significativas. Los candidatos que actualmente se encuentran en procesos de selección anteriores a la aprobación del criterio continuarán bajo las reglas previas, lo que podría crear disparidades entre cohortes de candidatos.

Aquellos que participan en nuevos procesos deberán navegar las nuevas exigencias, lo que podría llevar a una reducción en el número de aspirantes con títulos extranjeros, limitando potencialmente la diversidad de experiencias y conocimientos en la administración pública.

Además, el proceso de convalidación en sí mismo puede ser largo y complejo, especialmente para títulos obtenidos en países con sistemas educativos muy diferentes al colombiano. Este requisito puede desincentivar a profesionales altamente calificados de participar en los concursos de mérito, afectando la calidad y competitividad del servicio civil colombiano.

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Finalmente, el criterio unificado emitido por la CNSC representa un esfuerzo por estandarizar y clarificar el proceso de valoración de títulos extranjeros en los concursos de mérito. Si bien la intención de garantizar la autenticidad y equivalencia de los títulos es loable, las nuevas reglas también plantean desafíos significativos para los aspirantes con formación internacional. La burocracia adicional y los potenciales retrasos en la convalidación pueden disuadir a candidatos calificados, afectando la diversidad y calidad del servicio civil.