Ascensos Docentes y el Decreto 1657

La palabra “ascenso” debería evocar progreso y reconocimiento por años de esfuerzo y formación continua. Sin embargo, el proceso de ascenso en el sistema educativo colombiano enfrenta un enigma en forma de un decreto que, lejos de facilitar este avance, lo ha convertido en un camino lleno de obstáculos.

El Decreto 1657 de 2016, que en teoría regula los ascensos de los docentes vinculados al Estatuto de Profesionalización Docente (1278 de 2002), parece estar desconectado de la realidad de quienes deberían beneficiarse de él. Para muchos educadores, este decreto ha generado incertidumbre y frustración, revelando profundos vacíos legales que no solo dificultan su carrera profesional, sino que afectan directamente su estabilidad laboral.

Una estructura rígida y poco efectiva

La estructura del Decreto 1657, diseñado para establecer las pautas de ascenso en el escalafón docente, ha sido objeto de controversia desde su implementación. Uno de los puntos más críticos del decreto es la obligación de cumplir con una evaluación de desempeño para acceder al siguiente nivel en el escalafón. Sin embargo, este procedimiento se ha vuelto un desafío logístico y burocrático que ha frenado el avance de miles de docentes. Además, muchos aspirantes al ascenso han señalado que las evaluaciones no siempre reflejan con precisión sus habilidades y contribuciones en el aula, sino que están sujetas a criterios arbitrarios de sus superiores inmediatos.

El documento también exige requisitos de titulación que, si bien fomentan la especialización académica, no siempre se corresponden con el trabajo real que los docentes desempeñan en sus aulas. Esto ha creado una barrera para muchos profesionales que, pese a cumplir con los años de servicio requeridos, se ven rezagados por la falta de ciertos títulos específicos o por un proceso de convalidación de títulos internacionales, que puede tardar años y que, en algunos casos, llega demasiado tarde para los periodos de evaluación.

Una brecha entre el decreto y la realidad

Para muchos maestros, el Decreto 1657 ha acentuado la división entre la normativa y las condiciones reales del sistema educativo. La estructura y redacción del decreto no contemplan situaciones comunes en el entorno laboral docente, como los largos tiempos de espera para la convalidación de títulos en el exterior o las diferencias regionales en el acceso a formación profesional. Así, en muchas regiones del país, especialmente en las zonas rurales, el decreto resulta un obstáculo para los educadores que no tienen la misma facilidad de acceso a estudios de especialización o maestría. El sistema los penaliza por factores fuera de su control, limitando sus posibilidades de ascenso y dejando en suspenso sus derechos.

Además, el decreto también plantea desafíos en términos de gestión por parte de las Secretarías de Educación, quienes son responsables de aprobar y tramitar los ascensos. Según numerosos reportes de docentes, las Secretarías suelen ser lentas en la tramitación de estos procesos, lo cual contribuye al atraso en los ascensos y, en ocasiones, a la pérdida de oportunidades para los docentes. La falta de claridad en la normativa del Decreto 1657 da margen para que las Secretarías interpreten el decreto de manera subjetiva, lo cual deja a los docentes en una posición vulnerable y dependiente de las decisiones administrativas de sus empleadores.

Vacíos legales y una reforma urgente

Los vacíos en el Decreto 1657 no solo afectan el ascenso de los docentes, sino que también generan una sensación de precariedad laboral. Una de las críticas más importantes al decreto es su falta de adaptabilidad para los docentes que cumplen con todos los requisitos de formación y experiencia pero que aún no logran su ascenso debido a detalles administrativos. Así, quedan atrapados en un ciclo de evaluaciones anuales que, en lugar de promover su desarrollo, les impide avanzar.

Fecode, el sindicato nacional de educadores, ha insistido en la necesidad de reformar el decreto para abordar estos vacíos. Según líderes del gremio, el proceso de ascenso debería simplificarse para permitir que los educadores con desempeño demostrado y con títulos o experiencia relevante puedan avanzar sin impedimentos administrativos. De igual manera, han propuesto que el sistema de evaluación para el ascenso no dependa únicamente del criterio de un superior, sino que incluya métricas objetivas, participación de pares y evaluaciones de impacto en el aula. Esto permitiría reconocer el mérito del docente en un proceso menos sesgado y más representativo de su labor.

El ascenso, una cuestión de justicia

El Decreto 1657 de 2016, en lugar de ser una herramienta que fomente el crecimiento de los docentes, se ha convertido en un obstáculo para muchos. Reformarlo no es solo un asunto de ajuste técnico; es una cuestión de justicia laboral. Al permitir que los docentes avancen en su carrera con base en criterios claros y alcanzables, el Estado estaría no solo mejorando sus condiciones de vida, sino también invirtiendo en una educación de calidad.

Un sistema educativo sólido no puede prescindir de docentes motivados y valorados. Los educadores colombianos merecen un proceso de ascenso que reconozca sus años de esfuerzo y dedicación sin dejarlos atrapados en un limbo administrativo. Transformar el Decreto 1657 es urgente. El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de asegurar que los méritos de sus docentes no queden en papel mojado, sino que se traduzcan en mejores oportunidades y en una carrera profesional que valore su esfuerzo y compromiso con la educación del país.

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