Ascenso docente 2024 Análisis del Informe Final

El proceso de Evaluación para el Ascenso o Reubicación de Nivel Salarial de los Educadores 2024 ha dejado cifras reveladoras y reflexiones profundas. Con un total de 105.388 docentes inscritos y 80.452 aprobados, la tasa de aprobación general del 77,58% confirma que se trató de una evaluación exigente pero alcanzable. No obstante, al analizar más allá de los porcentajes, el proceso se revela como una radiografía precisa de las inequidades históricas, las fortalezas profesionales y los retos estructurales que enfrenta el sistema educativo colombiano.

El siguiente análisis parte del Informe de Resultados que entrega la Universidad de Antioquia el 12 de febrero de 2025 sobre el proceso de méritos.

La Prueba Pedagógica: el componente más influyente

La Prueba Pedagógica, que tenía un peso de 45 puntos sobre el total de 100, se consolidó como el componente central del proceso. Esta evaluación escrita sirvió como una especie de filtro nacional, midiendo las competencias pedagógicas y didácticas de los educadores en diferentes niveles y perfiles. El puntaje promedio nacional fue de 33,23 puntos, situando a la mayoría de los docentes en un rango de desempeño intermedio alto. La mayor concentración de participantes se ubicó en el rango de 34 a 36 puntos (30.962 docentes), mientras que un número menor se concentró por debajo de los 28 puntos.

Aunque el instrumento fue diseñado con criterios técnicos, y evaluó competencias transversales clave, su alto peso ponderado generó un impacto definitivo en la aprobación. Muchos docentes que obtuvieron puntajes bajos en esta prueba vieron limitadas sus posibilidades de aprobación, incluso si tenían fortalezas notables en los otros componentes evaluativos. De esta manera, la prueba se convirtió no solo en el corazón del proceso, sino también en su principal barrera de entrada.

Experiencia y contexto: variables que suman y equilibran

El diseño del proceso integró factores relevantes que buscaron equilibrar las condiciones desiguales en que se desempeñan los educadores del país:

• Valoración de la experiencia (hasta 20 puntos), que premió la trayectoria laboral. Los mejores resultados se observaron entre los docentes con entre 7 y 11 años de servicio, quienes alcanzaron un promedio total de 81,66 puntos.
• Zona de desempeño (hasta 15 puntos), que reconoció el ejercicio profesional en contextos rurales, particularmente en las zonas de difícil acceso. En estas regiones, la tasa de aprobación superó el 83%, lo cual refleja un compromiso docente que muchas veces opera en condiciones adversas.
• Movimientos en el escalafón docente y autoevaluación profesional, que sumaron hasta 20 puntos adicionales, completando un modelo de evaluación integral.

La combinación de estos componentes permitió, en muchos casos, contrarrestar el impacto de un resultado regular en la prueba pedagógica. Fue así como educadores que se desempeñan en regiones apartadas, con trayectorias profesionales consolidadas, lograron superar el umbral exigido.

Brechas territoriales: un sistema de contrastes profundos

El análisis por zonas del país revela una paradoja llamativa. Las zonas urbanas certificadas, que concentran la mayor infraestructura educativa y los mayores recursos administrativos, fueron las que obtuvieron la tasa de aprobación más baja (71,66%). En contraste, las zonas rurales de difícil acceso, tradicionalmente más marginadas, alcanzaron tasas superiores al 83%, lo cual resalta la resiliencia del magisterio en esos contextos.

En la prueba pedagógica, departamentos como Guainía (35,98 puntos promedio), Caldas (34,26) y Vichada (34,08) lideraron el desempeño. En el lado opuesto, Chocó (30,42) y Guaviare (31,82) presentaron desempeños considerablemente más bajos, al menos tres puntos por debajo del promedio nacional. Esto confirma que las brechas territoriales no solo son materiales, sino también formativas, y que deben enfrentarse con políticas de capacitación diferenciada.

Perfil docente: desempeños diversos que requieren atención

El desempeño por perfil profesional también muestra patrones relevantes:

• Coordinadores (34,16 puntos promedio) y docentes de secundaria (33,79) alcanzaron los puntajes más altos en la prueba pedagógica, mostrando un dominio sólido de los procesos institucionales y disciplinares.
• Por su parte, rectores (30,68) y docentes de preescolar (31,62) estuvieron entre los perfiles con menor desempeño.

Estas diferencias se explican, en parte, por las exigencias propias de cada nivel, pero también por la disponibilidad desigual de oportunidades de actualización pedagógica. En particular, la formación para el liderazgo escolar y la primera infancia parecen ser áreas que requieren una atención más decidida por parte de las políticas educativas.

Equidad de género: una brecha casi inexistente

La participación fue mayoritariamente femenina (65.732 inscritas), con una tasa de aprobación del 77,70%. Los hombres, aunque en menor número (38.468), alcanzaron una tasa de aprobación de 78,94%. La diferencia entre ambos grupos es mínima, lo cual valida la existencia de una equidad de género efectiva en el diseño, aplicación y resultados del proceso.

El análisis por perfil muestra que las mujeres predominaron en los niveles de preescolar y primaria, mientras que en secundaria y dirección rural la distribución fue más equilibrada. Este comportamiento refleja tanto la feminización del magisterio como la diversidad de trayectorias profesionales.

¿Qué ocurrió con los docentes urbanos con buen desempeño pedagógico?

Una de las paradojas más destacadas del proceso de 2024 se encuentra en los casos de docentes que, pese a obtener altos puntajes en la prueba pedagógica, no alcanzaron la puntuación total necesaria para ser aprobados. ¿Qué ocurrió con estos profesionales? El análisis de datos sugiere que las condiciones del entorno urbano y la poca trayectoria laboral incidieron de manera negativa en la calificación global.

Los docentes de zonas urbanas certificadas partían con una desventaja estructural: no podían acceder a los 15 puntos otorgados por desempeñarse en zonas rurales, donde el contexto adverso es reconocido como un factor adicional de esfuerzo. A ello se suma que los docentes con menos de 7 años de experiencia solo pudieron acumular un puntaje modesto en el componente de valoración de experiencia (alrededor de 80,91 puntos en promedio general), en contraste con aquellos con 15 años o más, que promediaron 82,69 puntos.

En este sentido, un docente joven, con buen rendimiento teórico pero sin trayectoria y en una zona urbana, difícilmente podía alcanzar los puntajes totales de sus colegas rurales con más experiencia. Esta situación, aunque no es reflejo de una inequidad en el diseño del proceso, sí revela una tensión estructural: el peso de la prueba pedagógica, aunque alto, no fue suficiente para compensar las puntuaciones que otorgaban el contexto y la trayectoria. Se trató, por tanto, de un modelo de evaluación que premió más al maestro persistente en condiciones complejas que al talento joven urbano aún en desarrollo.

¿Evaluación pertinente o tensionada con el principio de igualdad?

Desde una mirada jurídica, también cabe preguntarse si una evaluación como la de 2024 se ajusta al principio de igualdad consagrado en la Constitución Política de Colombia. El artículo 13 establece que todas las personas deben recibir el mismo trato ante la ley, salvo cuando existan razones objetivas que justifiquen una diferenciación.

El modelo de evaluación docente incorpora diferenciaciones por zona de desempeño y por experiencia laboral, con la intención de reconocer contextos complejos y trayectorias extensas. Aunque esto parece razonable, puede producir efectos adversos para docentes jóvenes en zonas urbanas, incluso si tienen un alto nivel de formación y competencias.

La Corte Constitucional ha sostenido, en sentencias como la C-368 de 2006 y la C-136 de 2024, que la igualdad no implica trato idéntico, sino trato equitativo, es decir, que se permita nivelar las cargas según las condiciones particulares. No obstante, también ha advertido que las medidas diferenciadoras deben ser proporcionales y no excluir de manera sistemática a ciertos grupos, lo que en este caso podría aplicarse a docentes urbanos sin experiencia previa, que han visto limitada su posibilidad de ascenso a pesar de obtener buenos puntajes en la prueba pedagógica.

Por tanto, aunque la evaluación no es inconstitucional per se, sí requiere una revisión profunda de sus ponderaciones. No se trata de eliminar el reconocimiento a la ruralidad y a la experiencia, sino de evitar que estas variables neutralicen por completo el mérito académico o pedagógico demostrado por otros docentes.

En suma, el proceso de ascenso y reubicación docente 2024 fue, en su conjunto, un ejercicio técnicamente sólido y metodológicamente justo. Su diseño multifactorial permitió integrar elementos de evaluación objetiva con factores contextuales, reconociendo la complejidad de la labor docente en un país de realidades dispares.

Sin embargo, los resultados evidencian que no todos los docentes parten desde el mismo punto de salida. Las desigualdades formativas, la variabilidad en el acceso a la capacitación y la brecha territorial siguen siendo determinantes. La prueba pedagógica, aunque necesaria, no puede ser la única puerta de acceso a la movilidad profesional.

Es tiempo de que el Estado asuma los hallazgos de este proceso como una hoja de ruta para la inversión en el desarrollo profesional docente, con énfasis en los perfiles más rezagados, las regiones más apartadas y los niveles que hoy enfrentan mayores desafíos. Más que una evaluación, este proceso ha sido un espejo del sistema. Y todo espejo, bien interpretado, puede convertirse en una herramienta de cambio.

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Informe de Resultados UniAntioquia