Estatuto Especial para Etnoeducadores

El Estado colombiano ha presentado ante el Congreso de la República el proyecto de ley que establece el “Estatuto Especial de Profesionalización para Docentes y Directivos Docentes Etnoeducadores”. Este instrumento normativo, fruto de más de siete años de articulación entre el gobierno nacional y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, representa un avance sustancial en el diseño de un sistema educativo intercultural y diferenciado.

El contenido del estatuto propone un marco jurídico específico para regular los procesos de administración, formación, vinculación y evaluación del personal docente que presta servicios en contextos etnoeducativos. Este cuerpo legal reconoce como principios fundamentales la pertenencia étnica, la territorialidad, los saberes ancestrales y la autonomía pedagógica de las comunidades, posicionando la etnoeducación como eje estructurante del modelo educativo en dichos territorios.

Desde una perspectiva jurídica y sociopedagógica, el proyecto da cumplimiento a sentencias emblemáticas de la Corte Constitucional (C-666 de 2016, SU-011 de 2018, T-531 de 2020) y del Consejo de Estado, las cuales ordenan la creación de un régimen especial fundamentado en el derecho a la consulta previa y en el principio de igualdad real y efectiva. En este sentido, el estatuto incorpora mecanismos diferenciados para el ingreso a la carrera docente, como entrevistas etnoeducativas, evaluación de proyectos pedagógicos interculturales, y valoración integral de competencias desde un enfoque contextualizado.

Uno de los componentes innovadores del proyecto es el escalafón docente diferencial, que redefine las rutas de ascenso y reubicación teniendo en cuenta la trayectoria comunitaria, la experiencia en procesos de formación étnico-cultural y la producción de conocimientos pertinentes para las realidades locales. Asimismo, se contempla el fortalecimiento institucional de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la creación del Premio Ubuntu, como estrategias simbólicas y estructurales para visibilizar la labor transformadora de los etnoeducadores.

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Desde el punto de vista presupuestal, la implementación del estatuto requerirá una inversión proyectada de 1,174 billones de pesos en la próxima década. Este presupuesto incluye, entre otros aspectos, el nombramiento de 503 sabedores ancestrales en establecimientos con población mayoritariamente afrodescendiente, lo cual permitirá ampliar la cobertura y pertinencia de la educación propia en el sistema oficial.

Más allá del plano legal y financiero, el Estatuto Especial constituye un acto de justicia histórica y un mecanismo de reparación simbólica frente a siglos de exclusión estructural. Su eventual aprobación permitirá consolidar un paradigma educativo que no solo garantiza el derecho a una educación de calidad con pertinencia cultural, sino que también reconoce la pluralidad epistémica del país. Así, Colombia se proyecta como pionera en América Latina en la construcción de una política educativa anclada en el reconocimiento, la equidad y la autodeterminación de los pueblos afrodescendientes.

Es imperativo, por tanto, que el Congreso de la República asuma este debate con la rigurosidad y sensibilidad que amerita. No se trata simplemente de un marco normativo más, sino de un paso decisivo hacia un modelo educativo intercultural, democrático y antirracista que refleje con fidelidad la complejidad sociocultural de nuestra nación.

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