Riesgos del Proyecto de Ley Estatutaria de Educación

En un reciente avance legislativo, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley Estatutaria de Educación, dejando solo un paso antes de que esta controvertida propuesta se convierta en ley.

Aclamada como un paso histórico por algunos y criticada como un retroceso por otros, esta ley busca establecer la educación como un derecho fundamental a nivel nacional, expandiendo su alcance a la educación media y superior. Sin embargo, las concesiones realizadas por la Ministra de Educación, Aurora Vergara, han suscitado preocupaciones significativas sobre el futuro de la educación pública en Colombia.

La Posición de la Ministra de Educación

La Ministra Vergara ha celebrado este avance como un triunfo del consenso y la inclusión, enfatizando la oportunidad de cerrar brechas y mitigar desigualdades educativas. Sin embargo, detrás de este discurso optimista, se ocultan riesgos latentes que podrían socavar los fundamentos de la educación pública en el país.

Uno de los puntos más controvertidos es la inclusión de la educación para el trabajo y el desarrollo humano en la misma categoría que la educación universitaria y de posgrado. Según Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el Partido Dignidad y Compromiso, “Meter en la misma bolsa la educación para el trabajo y el desarrollo humano con la formación universitaria y de posgrado es un error. Se trata de programas muy distintos que no deberían ser tratados de la misma manera”. Esta amalgama podría diluir la especificidad y propósito de cada tipo de educación, afectando negativamente la calidad y la percepción de los programas educativos.

¿Libertad de Cátedra en Riesgo?

Nelson Alarcón, Ejecutivo de la CUT Nacional, ha sido aún más enfático en su crítica, señalando que pactar con los enemigos de la educación pública pone en riesgo la autonomía escolar y la libertad de cátedra. “Señora Ministra de Educación, pactar con los enemigos de la educación pública coloca en riesgo la autonomía escolar, la libertad de cátedra, la reforma al Sistema General de Participaciones; el Artículo 39 parágrafo 1 obliga a una evaluación punitiva y sancionatoria para los docentes del 2277, abren la puerta a bonos escolares (es la privatización). Es inaceptable”, afirmó Alarcón.

Este tipo de concesiones podría abrir la puerta a la privatización de la educación, socavando décadas de esfuerzos por fortalecer la educación pública.

María Antonieta Cano Acosta, Coordinadora del equipo nacional de género de Fecode, también ha expresado su descontento, destacando la falta de financiación y la restricción de la libertad de cátedra. “¿Vieron lo que aprobaron en la #LeyEstatutaria? Evaluación docente basada en las pruebas de Estado de estudiantes, colegios en concesión, no más libertad de cátedra, nada de financiación. Mejor dicho, ni Duque se atrevió a tanto. Con decirles que Paloma está feliz”, expresó Cano Acosta. La ausencia de una financiación adecuada y la restricción de libertades académicas son dos preocupaciones que podrían tener efectos duraderos y perjudiciales en el sistema educativo.

Francisco Torres Montealegre, sindicalista, profesor y escritor, añade otra capa de crítica al debate, indicando que la ley estatutaria parte de una premisa falsa de trabajar en pos de la calidad y la financiación adecuada de la educación pública. “La ley estatutaria de educación parte de una falsa premisa que trabaja en pos de la calidad y que va a financiar adecuadamente la educación pública, que va a hacer una reforma educativa, nada más ni nada menos”, argumenta Torres Montealegre.

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Estas críticas resaltan la desconfianza en la capacidad del gobierno para cumplir con las promesas hechas y la sospecha de que esta ley pueda servir más para consolidar una apariencia de avance que para lograr cambios sustanciales.

En síntesis, mientras que el Proyecto de Ley Estatutaria de Educación avanza hacia su aprobación final, es crucial no perder de vista los riesgos que las concesiones actuales implican para la educación pública en Colombia. Las preocupaciones sobre la financiación, la autonomía escolar y la libertad de cátedra no deben ser subestimadas.

El gobierno y los legisladores deben tomar en serio estas advertencias y trabajar para asegurar que cualquier reforma a la educación pública verdaderamente beneficie a todos los colombianos, sin comprometer los valores fundamentales que deben guiar este derecho esencial.