Retención en la Fuente 2025

La retención en la fuente en Colombia es un mecanismo mediante el cual el Estado recauda de forma anticipada una parte del impuesto de renta a través de descuentos que se hacen en el momento de recibir ingresos. Este sistema no es nuevo, pero sí está cambiando de forma drástica para 2025. El nuevo decreto propuesto por el Ministerio de Hacienda, junto con las directrices de la DIAN, establece nuevas tarifas, modifica umbrales y amplía el número de personas y empresas sujetas a esta obligación.

¿A quiénes afecta la nueva retención en la fuente en 2025?

El impacto es amplio. Desde trabajadores independientes y comerciantes, hasta pequeñas empresas, arrendadores y vendedores del sector agropecuario. Incluso quienes reciben pagos por medios electrónicos como tarjetas o plataformas digitales también serán afectados. Según el borrador del decreto, se reduciría la base mínima de retención para servicios de 4 a 2 UVT (menos de $100.000) y se haría obligatoria la retención sobre compras agrícolas superiores a 70 UVT.

Retención en salarios: ¿qué cambia para los trabajadores?

Uno de los puntos clave que genera preocupación es la retención en la fuente sobre los salarios. En 2025, se mantiene la base gravable de 95 UVT ($4.730.905), a partir de la cual se empieza a descontar este anticipo de impuesto. Las tarifas van desde el 19 % hasta el 39 %, dependiendo del monto del salario después de deducciones legales.

Pero lo que sí cambia es el procedimiento. La DIAN ha anunciado la eliminación del procedimiento 2 (cálculo con base en promedio de ingresos anteriores), dejando únicamente el procedimiento 1, que aplica sobre el ingreso mensual recibido. Esto significa que los trabajadores pueden ver aumentada su retención de forma inmediata mes a mes, sin considerar ingresos históricos, afectando de forma directa su liquidez.

Fedesarrollo advierte: “es como pedir el sueldo del año siguiente”

Según Fedesarrollo, esta medida permitiría al Gobierno recaudar 13,9 billones de pesos adicionales en 2025, equivalentes al 0,8 % del PIB. Aunque a simple vista esto parece positivo, la analogía que plantea su director, Luis Fernando Mejía, es inquietante: “es como si un trabajador solicitara un adelanto de su salario de 2026 para cubrir los gastos de 2025”.

Este tipo de anticipos fiscales compromete la capacidad de maniobra del Gobierno en el futuro inmediato. Si no hay una reforma tributaria que respalde este modelo, el año siguiente podría enfrentar un déficit fiscal severo.

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Los pequeños negocios y la clase media, entre los más afectados

Para el comerciante informal que se legalizó, para el profesional que factura honorarios o para la familia que arrienda una habitación, el efecto es directo: menos ingreso disponible. Las retenciones se harán incluso por montos bajos, afectando el flujo de caja de quienes apenas logran cubrir sus obligaciones mensuales.

A las pequeñas y medianas empresas, el impacto también les golpea fuerte. Con márgenes reducidos, la retención en origen antes de recibir el pago total puede significar que no puedan cumplir con nómina, proveedores o servicios. El temor no es infundado: podría aumentar la informalidad o incentivar maniobras de evasión.

Pagos electrónicos también tendrán retención

Otro punto relevante es que los pagos con tarjeta débito, crédito y plataformas como PayU, PSE o Mercado Pago siguen generando retención del 1,5 % sin importar el monto. Esta medida busca evitar que el uso de medios digitales se convierta en una vía de elusión, pero también puede desincentivar a pequeños negocios que usan estas herramientas para facilitar cobros.

¿Por qué preocupa esta estrategia fiscal?

Aunque el objetivo del Gobierno es cubrir necesidades fiscales urgentes, esta estrategia es vista por muchos expertos como un parche temporal. No se trata de una reforma estructural, sino de un mecanismo de anticipo que deja comprometido el recaudo del año siguiente. Además, no mejora la equidad del sistema tributario ni alivia las cargas de quienes menos tienen.

Llamado a un debate público y responsable

Desde Evaluandote.com insistimos en que este debate debe ser abierto y transparente. Las decisiones fiscales no pueden tomarse de espaldas a la ciudadanía ni sin una discusión profunda en el Congreso. Lo que está en juego no es solo el recaudo de este año, sino la estabilidad del sistema tributario colombiano, la confianza de los ciudadanos en el Estado y el bienestar económico de millones de hogares.