Nuevo Concurso Docente de Ingreso 2026

“Cuando la confianza en el mérito flaquea, peligra la esencia misma del servicio público.” Esa frase podría resumir el espíritu del programa Aló Maestro, transmitido el sábado 10 de mayo de 2025, en el que el director Ernesto Cañas M. sostuvo un diálogo abierto y sin adornos con el comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), Dr. Edwin Arturo Moreno.

En un país donde la carrera docente ha sido, durante décadas, terreno minado por la burocracia, el clientelismo y la discrecionalidad de las entidades territoriales, el reciente concurso docente ha sido presentado como un símbolo del rescate de la meritocracia. Pero ¿hasta qué punto ese símbolo ha cumplido su promesa? ¿Y qué riesgos emergen en el ocaso de las listas de elegibles?

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El desgaste de la esperanza meritocrática

Durante el programa, se reconoció el trabajo de una veeduría ciudadana instalada en el Tolima, integrada por docentes y ciudadanos que, en ausencia de una vigilancia institucional robusta, han asumido el papel de custodios del proceso. Su seguimiento riguroso, las denuncias que han elevado al Congreso y los espacios logrados en la Comisión Sexta del Senado han sido logros importantes. Pero también evidencian algo preocupante: la necesidad de que sean los mismos concursantes quienes garanticen que las reglas se cumplan.

A pesar de los esfuerzos institucionales, los datos duelen: más del 90% de las listas de elegibles docentes vencerán en octubre de 2025, con miles de maestros aún en espera de un nombramiento. Si bien la CNSC afirma que se ha logrado un índice de provisión de vacantes superior al 150%, eso incluye también la utilización de listas anteriores para vacantes no anunciadas. Lo cierto es que la frustración del magisterio es creciente y la percepción de que hay maniobras para postergar o evadir los nombramientos por mérito gana terreno.

Vacantes ocultas, traslados ilegales y la “puerta giratoria”

Uno de los temas más escandalosos revelados por el Dr. Moreno fue la existencia de vacantes ocultas: cargos disponibles que no son reportados por las secretarías de educación y que, por tanto, no ingresan al radar del concurso. Esta práctica, calificada como “sabotaje institucional encubierto”, alimenta la percepción de que se favorecen designaciones provisionales o con intereses clientelistas.

A ello se suma otro fenómeno: los traslados de docentes en periodo de prueba, una práctica prohibida salvo por razones de seguridad, pero que se ha detectado en varias regiones. La CNSC ha iniciado visitas de inspección, y ha anunciado posibles sanciones administrativas contra secretarios de educación y nominadores que infrinjan las reglas.

Este escenario deja al descubierto una brecha entre el diseño normativo del concurso y su implementación territorial, donde el Estado pierde el control sobre las reglas que él mismo impone.

¿Hacia una nueva convocatoria docente?

En medio de este panorama, la CNSC ha confirmado que ya se encuentra en fase de planeación un nuevo concurso para 2026. El objetivo es cubrir las vacantes que no fueron asignadas y corregir debilidades del proceso anterior. Entre las innovaciones que se estudian está la inclusión del arraigo territorial como criterio adicional, una medida que permitiría priorizar a docentes con formación, experiencia o residencia en el territorio donde aspiran a ser nombrados.

Aunque este enfoque ha generado expectativa, también abre un debate legítimo: ¿cómo equilibrar el arraigo territorial con la igualdad de condiciones para todos los concursantes del país? ¿Podría esta medida terminar reforzando los mismos vicios de exclusión que se busca superar?

La nacionalización de listas: una esperanza truncada

Quizá una de las preguntas más reiteradas por los docentes es si es posible nacionalizar las listas de elegibles, es decir, permitir que quienes aprobaron en un departamento puedan ser nombrados en otro. La respuesta de la CNSC fue clara y categórica: no es viable legalmente, por razones psicométricas, técnicas y normativas. Hacerlo implicaría alterar los principios bajo los cuales se diseñó el concurso y abriría la puerta a litigios por falta de garantías.

Esta negativa fue recibida con desilusión por miles de maestros que, aún teniendo derecho, se ven atrapados en listas que expiran sin oportunidad de ejercer su profesión.

Participación real, no simbólica

Un punto positivo —y que debe destacarse— es el anuncio de la Ruta de las Regiones, una estrategia de la CNSC para escuchar directamente a los docentes en todo el país. Ya se han realizado encuentros en Montería y Popayán, y próximamente en la sabana de Bogotá. El objetivo: recoger percepciones, críticas y propuestas que permitan construir un próximo concurso más justo, eficaz y humano.

Pero este diálogo, para ser transformador, debe ir más allá del acto simbólico. La CNSC debe comprometerse no solo a escuchar, sino a actuar con base en lo escuchado.

El mérito, por sí solo, no es una garantía de justicia, pero su ausencia sí es una certeza de inequidad. En un país donde la educación pública carga con tantas desigualdades históricas, el concurso docente no puede convertirse en un ritual vacío. Debe ser una promesa cumplida.

El reto del Estado colombiano hoy no es diseñar mejores concursos, sino hacer cumplir —con firmeza y sin excepciones— las reglas que ya existen. En ello se juega no solo el destino laboral de miles de maestros, sino la confianza de toda una generación en la educación como proyecto de vida.