El Golpe Silencioso al Salario Docente

A comienzos de 2026, Colombia se encuentra en una encrucijada económica que reconfigura los equilibrios tradicionales del mercado laboral. El anuncio de un aumento histórico del 23,7% en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), que lo eleva a $2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte), ha sido celebrado como un paso hacia la justicia social. Sin embargo, su impacto no es unidimensional.

Para el magisterio colombiano —uno de los pilares del sector público— esta decisión representa una amenaza silenciosa: la erosión de su poder adquisitivo y un retroceso en su estatus socioeconómico.

Una política bien intencionada, con efectos colaterales

El aumento del salario mínimo, justificado como un “Salario Vital” bajo los estándares de la OIT, busca garantizar que los trabajadores menos calificados puedan cubrir el costo de una canasta básica digna. No obstante, esta medida fue adoptada al margen de los acuerdos de productividad e inflación, rompiendo con la ortodoxia técnica que históricamente regulaba los incrementos salariales. Mientras tanto, los docentes, cuyos salarios están indexados al IPC y puntos adicionales negociados previamente, recibirán un aumento del 7,6% en 2026.

Esta disonancia marca una diferencia de 16,1 puntos porcentuales entre el incremento del salario mínimo y el ajuste salarial docente, un desfase que se traduce en una pérdida de competitividad y dignidad económica para los educadores.

El efecto faro: cuando todo sube, menos el ingreso docente

En economías como la colombiana, donde la informalidad y la indexación son elevadas, el aumento del salario mínimo tiene un impacto multiplicador. Este fenómeno, conocido como el “efecto faro“, dispara el costo de servicios como arriendos, administración de propiedad horizontal, servicios personales y alimentos, debido a la expectativa de que todos ganan más. Pero los docentes, cuyo incremento salarial es considerablemente menor, se ven obligados a enfrentar una canasta familiar encarecida sin los recursos adicionales necesarios.

Por ejemplo, el costo de la administración de un conjunto residencial —una erogación común entre docentes de clase media— podría aumentar entre el 23% y el 30%. Si actualmente un maestro paga $300.000, en 2026 pagaría cerca de $390.000, absorbiendo parcialmente el aumento de su salario.

El espejismo del “aumento”: más salario, menos liquidez

Aunque nominalmente los docentes verán un incremento en sus ingresos, el poder de compra real disminuirá. La bonificación pedagógica, que pasará del 29% al 35% de la asignación básica mensual, es un alivio parcial, pero no efectivo: se paga una vez al año, no mensualmente, y por tanto no ayuda a cubrir el encarecimiento cotidiano de bienes y servicios.

Además, este aumento se calcula sobre una base salarial que ya ha perdido valor real frente al nuevo entorno inflacionario. En consecuencia, el docente se enfrenta a una paradoja: gana más, pero vive con menos.

La amenaza silenciosa: fiscalidad y compresión salarial

El ajuste salarial del 7,6%, aunque superior a la inflación esperada (5,3%), también conlleva un impacto fiscal negativo. Al superar el incremento de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que se fijó en 5,17%, muchos docentes cruzarán nuevos umbrales de retención en la fuente. Así, el Estado recaudará más impuestos sobre un ingreso que, en términos reales, permite menos consumo.

A ello se suma una compresión del diferencial salarial: en 2025, un docente 2A ganaba casi el doble que un trabajador del salario mínimo. En 2026, esa relación se reduce a 1,5 veces. Este estrechamiento desalienta el esfuerzo por obtener formación superior y representa una señal alarmante para la atracción de nuevos talentos al sistema educativo.

Una bomba de tiempo para el sistema educativo

El impacto del salario mínimo vital sobre el magisterio no es solo económico, sino estructural. El Sistema General de Participaciones (SGP), de donde se financian los salarios docentes, también deberá absorber mayores costos operativos escolares (aseo, vigilancia, administración), lo que podría llevar a congelamientos de contratación, ascensos o recortes indirectos.

FECODE, el principal sindicato de los docentes, se enfrenta así a una encrucijada institucional. Si bien ha logrado acuerdos en torno a la bonificación y la nivelación, estas medidas fueron pactadas antes del anuncio del alza del salario mínimo. El silencio institucional y la falta de reacción a este nuevo panorama económico aumentan la incertidumbre en las bases docentes, que ya advierten con resignación: “enero durará 80 días”.

Justicia para unos, injusticia para otros

El incremento del salario mínimo de 2026 representa una medida audaz con fines redistributivos. No obstante, su implementación sin un enfoque integral amenaza con socavar la estructura salarial de profesiones clave como la docencia. La paradoja del 2026 es clara: en nombre de la equidad, se crea una nueva desigualdad.

Para evitar que el magisterio colombiano pierda aún más terreno, se requieren ajustes urgentes en la política salarial del sector público, mecanismos de compensación mensuales y una renegociación con enfoque estructural. Porque sin docentes dignamente remunerados, no hay educación de calidad ni desarrollo sostenible posible.

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