Decreto 0391 y profesores universitarios

La historia de Julieth es la de miles de profesores universitarios en Colombia. Durante once semestres seguidos, esta licenciada en filosofía ha firmado contratos por cuatro meses exactos. Cada diciembre, al sonar las campanas navideñas, también suena en su correo la notificación de su desvinculación. Y cada enero, comienza la espera por un nuevo llamado, por un nuevo contrato ocasional que no reconoce sus años de experiencia ni le garantiza seguridad social continua. “Llevo seis años siendo una promesa temporal”, confiesa con ironía.

El Decreto 0391 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, promete cambiar ese panorama. Con este, el Gobierno nacional plantea un ambicioso plan de formalización laboral para aproximadamente 38.000 profesores ocasionales y de cátedra que hoy sostienen buena parte de la carga académica en las universidades públicas. La iniciativa, aunque bien recibida por muchos sectores, también ha encendido alertas sobre su viabilidad y consecuencias.

La norma establece que, al cierre de 2026, al menos el 40% de estos docentes deberá haber sido formalizado, y para 2027 el 80%. La formalización se entiende como el paso a una vinculación laboral estable, con acceso a seguridad social, prestaciones y, sobre todo, dignidad. En palabras del ministro de Educación, la medida “reconoce que la calidad educativa también pasa por la estabilidad de quienes enseñan”.

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Sin embargo, no todos celebran. La congresista Jennifer Pedraza, quien conoce de cerca el mundo universitario, advirtió que el decreto podría convertirse en “un tiro por la culata” si no se asignan recursos adicionales para su implementación. En palabras sencillas: sin plata, no hay formalización posible. Las universidades, muchas de las cuales ya enfrentan déficits estructurales, podrían verse obligadas a autofinanciar esta política a costa de otros programas académicos o de bienestar estudiantil.

También hay quienes se preguntan si el Gobierno ha medido correctamente los tiempos. Formalizar a decenas de miles de profesores implica concursos públicos, procesos de selección, garantías de transparencia y el respeto por la autonomía universitaria. Ignacio Mantilla, exrector de la Universidad Nacional, señaló que la intención es loable, pero que el calendario es tan apretado como riesgoso.

En el fondo, este decreto no es sólo una decisión administrativa. Es una declaración de principios. Durante años, Colombia ha sostenido su educación superior pública con el trabajo precarizado de miles de profesionales. Personas como Julieth que, cada semestre, cargan sobre sus hombros la misión de formar a las nuevas generaciones, sin que el Estado les devuelva la misma lealtad.

No se trata de un favor, sino de un derecho. Y si bien el Decreto 0391 puede no ser perfecto, pone en la agenda nacional un tema que ya no puede seguir postergándose: la necesidad de reconocer, con hechos y presupuesto, que la educación de calidad comienza por quienes están al frente del salón.

Como país, tenemos una deuda con quienes enseñan. Este decreto podría ser el primer abono para saldarla.