39.406 Docentes Habilitados para Ascenso

El anuncio de una segunda convocatoria para el concurso de ascenso y reubicación del escalafón para maestros regidos por el Decreto 1278 de 2002 ha reavivado una esperanza frágil entre el magisterio. Según el programa Aló Maestro, dirigido por Ernesto Cáñas, el número oficial de docentes habilitados asciende a 39.406.

Esta cifra representa mucho más que un número estadístico: son miles de historias de formación, servicio y frustración, muchas de ellas marcadas por los vacíos normativos y las omisiones administrativas que desde hace años afectan el avance de la carrera docente en Colombia.

Un decreto que llega con retraso

El Ministerio de Educación, en conjunto con FECODE y la Comisión Nacional del Servicio Civil, ha trabajado desde el año pasado en un borrador que busca sustituir el Capítulo 4 del Título 1, Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. Esta modificación se suma a los cambios sobre el Decreto 1657 de 2016, que regula los procesos de ascenso y reubicación.

Las reformas incluyen elementos largamente exigidos por el magisterio, como:

• La incorporación del componente formativo dentro del proceso de ascenso.
• El reconocimiento de títulos profesionales para no licenciados al momento del ingreso o ascenso.
• La definición de plazos para acreditar posgrados, incluso hasta un día antes de la publicación de los resultados.
• Obligaciones más claras para las Secretarías de Educación sobre divulgación, trámites y expedión de actos administrativos.

Sin embargo, el decreto definitivo aún no ha sido promulgado, y los docentes permanecen en un limbo que evidencia la distancia entre el anuncio político y la acción administrativa.

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Exclusiones, demoras y una carrera inconclusa

A pesar de los ajustes, se mantienen condiciones que han sido duramente cuestionadas por los educadores: por ejemplo, no se reconocerá el tiempo de servicio en provisionalidad ni las licencias no remuneradas para completar los tres años mínimos requeridos en el escalafón. Así mismo, se exige haber alcanzado al menos 60 puntos en las dos últimas evaluaciones de desempeño, aunque con una salvedad: si el docente no cuenta con evaluaciones consecutivas, podrá presentar las dos subsiguientes.

Este tipo de medidas, aunque estructuradas, no contemplan las realidades institucionales de muchas regiones donde la evaluación del desempeño ha sido deficiente o simplemente inexistente. Aún más preocupante resulta la inacción de varias Secretarías de Educación que, a la fecha, no han reportado debidamente los requisitos de sus docentes ante la CNSC.

La pedagogía como requisito y como excusa

Uno de los cambios más llamativos es la exigencia a los profesionales no licenciados de cursar programas de pedagogía o posgrados en educación. Si bien esto podría fortalecer el perfil docente, también abre una discusión sobre la instrumentalización de la formación pedagógica como filtro de ingreso, sin asegurar condiciones de acceso equitativas para estos programas.

Una convocatoria que exige vigilancia ciudadana

El proceso incluye la obligación de presentar reclamaciones en un lapso de cinco días, con una respuesta que deberá darse en 45 días. Posteriormente, los actos administrativos se expedirán en un plazo de 15 días. Todo esto requiere una atención rigurosa por parte del docente participante, quien deberá ser no solo evaluado, sino también gestor de sus propios derechos.

El efecto fiscal de estos ascensos empezará a correr desde la publicación de los listados definitivos, lo que pone a prueba la capacidad de respuesta de las entidades territoriales.

Entre el optimismo y el escepticismo

La segunda convocatoria para el ascenso docente podría representar una oportunidad histórica si se concreta con transparencia, celeridad y equidad. Pero también puede ser otra de tantas convocatorias truncadas si la voluntad política no se traduce en acción institucional.

Los 39.406 docentes habilitados merecen mucho más que un borrador de decreto. Merecen una carrera docente digna, clara y respetuosa. Y merecen, sobre todo, que el Estado colombiano cumpla su parte con la misma rigurosidad con la que exige cada requisito.