Las vacantes rurales que nadie quiere

En medio del último concurso docente, la Comisión Nacional del Servicio Civil tuvo que hacer algo inusual para una entidad que administra procesos de mérito: salir a promocionar vacantes.

En el comunicado con el que amplió el plazo de inscripción, la CNSC escribió que había “vacantes con pocos inscritos en los departamentos de Vichada, Casanare, Cauca, La Guajira, Meta y Arauca”, y que eso se convertía “en una oportunidad para acceder a una de 3.100 vacantes ofertadas en estas regiones del país”.

Traducido: tres mil cien plazas para enseñar en seis departamentos, y no había suficiente gente interesada en ocuparlas.

No es un rumor de pasillo ni una queja gremial. Es la propia entidad que administra el concurso reconociendo, en su página oficial, que hay lugares del país donde el mérito no tiene con quién competir.

Cómo se llama esto en el lenguaje del concurso

El sistema tiene una categoría para el fenómeno: las listas desiertas.

Según la definición de la propia CNSC, son aquellas en las que nadie se postuló para las vacantes ofrecidas, o en las que quienes se inscribieron no lograron superar todas las etapas del proceso. La lista queda sin ningún candidato elegible.

La existencia misma de esa categoría —con su sección propia en el sitio web de la Comisión— dice bastante. No es una anomalía que haya que explicar caso por caso. Es un resultado previsto del diseño.

La aritmética del desbalance

El proceso de selección anterior ofertó 37.480 vacantes, de las cuales 13.911 eran de zona rural y 23.569 de zona no rural.

Ese reparto por sí solo no dice mucho. Lo que importa es que el aspirante solo podía postularse a una. La OPEC caracteriza cada empleo como rural o no rural, y el concursante debe escoger. No se puede aplicar a las dos y ver qué sale.

Puesto en esos términos, cada aspirante hace un cálculo: dónde tengo más probabilidad de ganar, y dónde quiero vivir los próximos años. Para la mayoría, las dos respuestas apuntan al mismo lado.

El resultado se ve en las cifras locales. En el Distrito de Santiago de Cali, del último proceso salieron 546 vacantes docentes: 507 no rurales y 39 rurales. En Bogotá se ofertaron 3.852. Mientras tanto, seis departamentos periféricos concentraban 3.100 plazas con pocos inscritos.

La oferta está donde hace falta. La demanda está donde ya hay maestros.

Los incentivos que sí existen

Sería injusto decir que el Estado no ha hecho nada. Hay al menos tres mecanismos vigentes para inclinar la balanza.

La bonificación por zona de difícil acceso. El artículo 5 del Decreto 521 de 2010, compilado en el Decreto 1075 de 2015, otorga a los docentes de sedes ubicadas en zonas rurales de difícil acceso una bonificación del 15% del salario básico mensual.

Los puntos por zona de desempeño en el ascenso. El proyecto de resolución para el Concurso de Ascenso y Reubicación 2026 —un borrador sujeto a cambios— asigna quince puntos a la zona rural de difícil acceso, catorce a la rural de no difícil acceso y trece a la urbana.

Las reglas especiales de las listas rurales. El artículo 2.4.1.7.2.18 del Decreto 1075 de 2015, adicionado por el Decreto 574 de 2022, establece que las listas de elegibles de zona rural tienen vigencia de dos años y sirven para todas las nuevas vacantes definitivas que se generen en establecimientos rurales de esa misma entidad territorial.

A eso se suma que el nuevo proceso, según anunció la viceministra Maritza Molina, incluirá “pruebas territoriales contextualizadas a la labor de los maestros y maestras”.

Cuatro mecanismos. Y aun así, seis departamentos con pocos inscritos.

Por qué no alcanzan

El problema del principal incentivo económico es que no depende del Estado nacional sino del municipio.

La bonificación del 15% solo se paga si la sede está incluida en un acto administrativo que debe expedir cada año el gobernador o alcalde de la entidad territorial certificada. Sin ese decreto, la sede no es de difícil acceso para el sistema, por más trocha que haya de por medio. Lo analizamos en detalle en otro artículo de este portal, y el resumen es incómodo: el estímulo llega mejor donde la administración municipal funciona mejor, que suele ser donde la ruralidad es menos dura.

Hay más letra menuda. La bonificación no constituye factor salarial ni prestacional: no aumenta la base de primas, cesantías ni pensión. Se causa únicamente durante el tiempo laborado en el año académico. Y se pierde si el docente es trasladado a una sede que no reúne la condición.

Es un pago mensual, no una mejora de carrera. Un aspirante que compara dos ofertas de vida entiende la diferencia.

Los puntos por zona, por su parte, solo operan en el concurso de ascenso, es decir, años después del ingreso. Son dos puntos de diferencia entre la zona rural de difícil acceso y la urbana. Importantes en un proceso donde se aprueba con más de 80, pero difícilmente decisivos para alguien que está eligiendo dónde va a vivir la próxima década.

El factor que ningún incentivo compensa: el tiempo

Hay un elemento que rara vez entra en la discusión y que puede pesar más que el dinero.

El Proceso de Selección 601 de 2018 fue convocado específicamente para zonas afectadas por el conflicto armado. En octubre de 2024 —seis años después— la Secretaría de Educación de Norte de Santander seguía citando a la quinceava audiencia de escogencia de vacantes para el municipio de Sardinata, sobre una lista de elegibles de 111 plazas de docente de primaria.

Seis años entre la convocatoria y las audiencias, en el proceso diseñado para atender los territorios más golpeados del país.

Ese dato conversa con otro que documenta la iniciativa Docentes Provisionales de EducaPaz con información del Ministerio de Educación: los concursos de méritos desarrollados entre 2009 y 2015 permitieron vincular apenas 2.436 docentes en las zonas históricamente afectadas por el conflicto. La planta en propiedad creció allí un 10% promedio, por debajo del crecimiento nacional.

Mientras el mecanismo formal avanza a ese ritmo, las aulas se sostienen con nombramientos provisionales que pueden durar quince o veinte años.

Lo que un aspirante realmente evalúa

Cuando alguien decide no inscribirse a una vacante en Vichada o en La Guajira, no está haciendo un cálculo salarial. Está evaluando otra cosa.

Conectividad para seguir estudiando o simplemente para hablar con su familia. Acceso a servicios de salud. Vivienda disponible y en qué condiciones. Seguridad. Distancia de sus hijos, de sus padres, de su pareja. Posibilidad de trasladarse después sin perder lo construido.

Un 15% adicional sobre un salario de $3,8 millones son unos $573.000 mensuales. Es dinero real. Pero no compra internet donde no lo hay, ni un puesto de salud, ni una carretera transitable en invierno.

El diseño actual asume que el problema de la ruralidad es de precio. La evidencia sugiere que es, en buena parte, de condiciones de vida. Y esas no las resuelve una bonificación que además no es factor prestacional.

Una discusión que vale la pena abrir

Este texto no propone eliminar el concurso ni sustituir el mérito por asignación administrativa. Pero hay preguntas que el debate público colombiano ha esquivado.

¿Debería la bonificación por difícil acceso constituir factor salarial y prestacional, de modo que el tiempo en zona rural mejore la pensión y no solo el ingreso mensual?

¿Tiene sentido que su reconocimiento dependa de un acto administrativo municipal, con la desigualdad que eso introduce entre territorios equivalentes?

¿Y por qué la política de estímulos se concentra en el salario y no en vivienda docente, conectividad o transporte, que es lo que un aspirante evalúa cuando decide si acepta el traslado de su vida entera?

Ninguna es gratuita. Todas son más honestas que seguir preguntándose por qué los maestros no quieren ir al campo cuando el país no ha hecho lo necesario para que quedarse allí sea sostenible.

Una nota práctica para quien va a inscribirse

De todo lo anterior se desprende algo que conviene decir sin rodeos, porque es información y no consejo: la competencia no está repartida por igual.

Si en el proceso anterior hubo departamentos con pocos inscritos para 3.100 vacantes, quien esté dispuesto a trabajar en esos territorios enfrenta una relación de aspirantes por plaza sustancialmente menor que quien apunta a una gran ciudad. Y como la inscripción obliga a escoger entre rural y no rural, esa decisión se toma una sola vez y no se puede corregir.

Cuando salga la OPEC en septiembre valdrá la pena leerla con esa lógica: no solo dónde quiero trabajar, sino dónde tengo posibilidades reales de ganar.

Y antes de decidir cuánto estudiar, conviene medir el punto de partida. En Docentes1278.com hay un simulacro diagnóstico gratuito con retroalimentación en cada pregunta.

Porque la paradoja de fondo sigue intacta: el país tiene miles de plazas esperando maestros y miles de maestros esperando plaza, y el mapa que los separa no lo dibujó ninguno de los dos.